El día que el permiso oficial se convirtió en blindaje criminal

En una purga sin precedentes, 31 empresas de seguridad privada han sido suspendidas en las últimas semanas. La razón de fondo, según fuentes oficiales y judiciales: muchas de ellas operaban como fachadas de bandas criminales, paramilitares y grupos de crimen organizado.

Fachadas con papeles en regla: Las empresas suspendidas contaban con licencias vigentes otorgadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Detrás de esos permisos, sin embargo, se escondían estructuras dedicadas al sicariato, extorsión, tráfico de armas y control territorial ilegal.

El escándalo histórico que reaparece: Analistas y víctimas del conflicto recuerdan que el fenómeno no es nuevo. El paramilitarismo en Colombia fue armado, precisamente, por la propia Superintendencia de Seguridad cuando, en décadas pasadas, otorgó permisos legales a las llamadas “cooperativas de vigilancia” (Convivir). A través de esas figuras, grupos paramilitares recibieron cerca de 20.000 armas de forma legal, respaldadas por el Estado.

La advertencia que duele: “No puede haber un Estado que arme a los criminales”, repiten hoy organizaciones de derechos humanos y sectores políticos. La suspensión masiva de estas 31 empresas confirma que el fantasma de aquella época no ha desaparecido del todo: sigue vigente la práctica de usar el ropaje legal para blindar lo ilegal.

Lo que viene: Las autoridades investigan ahora los vínculos específicos de cada empresa suspendida y el destino de las armas que les fueron autorizadas. El gran reto, advierten expertos, no es solo cerrar fachadas, sino desmontar el sistema que permitió, una y otra vez, que el permiso del Estado termine en manos oscuras.