Millones forzados a volver: la crisis de deportaciones a Afganistán en 2026

El número de afganos que han sido deportados obligatoriamente a su país natal bajo el régimen talibán alcanzó los 6,2 millones en 2026, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Este incremento se produce después de que, sólo en los últimos doce meses, un millón de personas fueran expulsadas de Pakistán e Irán, donde habían buscado refugio tras la caída de Kabul en 2021.

Entre los deportados se encuentran mujeres y niños que habían construido una nueva vida en los barrios de Karachi y Teherán. Aisha Rahimi, de 28 años, relata su experiencia: «Llegué a Pakistán con mi hijo de tres años y trabajaba como costurera. Un día nos dijeron que teníamos que regresar a Afganistán o ser detenidos. No teníamos nada que llevar, sólo la ropa que nos quedaba».

El gobierno afgano, bajo el control del Talibán, ha impuesto restricciones que impiden la reubicación de los retornados, limitando el acceso a empleo, educación y asistencia humanitaria. Mohammadullah Saqib, director de la ONG «Manos Unidas», señala que «más del 70 % de los retornados no encuentran vivienda digna y dependen de la ayuda alimentaria que apenas cubre la mitad de sus necesidades».

Una respuesta internacional insuficiente

Las Naciones Unidas han lanzado una convocatoria de fondos de 1.500 millones de dólares para apoyar la reintegración de los retornados, pero hasta la fecha solo se ha recaudado el 42 %. Mientras tanto, la Unión Europea ha anunciado una ampliación de sus programas de reasentamiento, aunque los cupos siguen siendo limitados y la burocracia retrasa los procesos.

En Colombia, la comunidad afgana, que llegó principalmente como refugiada política, observa con preocupación la situación. Jamal Al-Hakim, líder de la asociación de afganos en Bogotá, advierte que «el retorno forzado crea un círculo de vulnerabilidad que puede generar nuevas oleadas migratorias hacia América Latina, donde muchos buscarán asilo».

Impacto en la región latinoamericana

El fenómeno tiene repercusión directa en Latinoamérica por dos motivos. Primero, la presión migratoria sobre rutas terrestres y aéreas que atraviesan México y Centroamérica, donde los solicitantes de asilo afganos se suman a los flujos migratorios ya existentes. Segundo, la crisis humanitaria plantea un desafío para los gobiernos latinoamericanos que deben equilibrar la seguridad fronteriza con el respeto a los derechos humanos y los compromisos internacionales de protección.

Expertos en migración de la Universidad de los Andes, como la profesora María Fernanda Gómez, subrayan que «la falta de una solución durable en Afganistán repercute en la estabilidad de los sistemas de asilo en la región, obligando a los estados a revisar sus políticas de acogida y a fortalecer la cooperación multilateral».

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil en México y Brasil están creando redes de apoyo para los recién llegados, ofreciendo asistencia legal y servicios de salud mental. Sin embargo, los recursos siguen siendo escasos y la demanda supera la oferta.

¿Crees que los gobiernos latinoamericanos están preparados para recibir a más refugiados afganos y garantizar su protección?