Reapertura de casos de adopción forzada: Reino Unido reconoce 250.000 madres desaparecidas

El Gobierno británico anunció este lunes una nueva fase del programa de revisión de adopciones forzadas, que afecta a más de 250.000 mujeres que fueron obligadas a entregar a sus hijos entre 1949 y 1976. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y el Departamento de Salud y Asistencia Social, busca identificar a los descendientes y ofrecerles reparaciones económicas y psicológicas, tras la publicación de documentos inéditos que confirman la magnitud del encubrimiento estatal.

Revelaciones y cifras actualizadas

Según el informe oficial presentado en Londres, se han localizado 1.842 casos donde la identidad de la madre sigue sin ser confirmada, y se han abierto expedientes de investigación para 4.317 niños adoptados que solicitan reunirse con sus familias biológicas. El presupuesto asignado para 2026 asciende a 45 millones de libras, destinado a la creación de un registro digital accesible y a la contratación de 120 psicólogos especializados en trauma intergeneracional.

Marion McMillan, una de las mujeres que vivió la separación forzada de su hijo en 1958, declaró en una entrevista que «por fin se siente escuchada, aunque el daño ya está hecho». Su testimonio ha sido central en la campaña de la organización Justice for Mothers, que ha presionado al gobierno para que se reconozcan los derechos de las madres y sus descendientes.

Impacto en Latinoamérica

El caso británico revive una polémica similar en varios países latinoamericanos, donde políticas de adopción forzada y esterilización forzada fueron aplicadas durante la segunda mitad del siglo XX. En Colombia, por ejemplo, la Comisión de la Verdad está investigando la práctica de la «adopción sin consentimiento» en zonas rurales entre 1965 y 1985, mientras que en México se revisan los archivos de la Secretaría de Salud que revelan la separación de cientos de niños de madres solteras bajo la política de «madres responsables».

Expertos en derechos humanos, como la académica colombiana Ana María Ríos, señalan que la apertura del archivo británico sirve como precedente para que los países de la región impulsen sus propias investigaciones y reparaciones. «Cuando una potencia como el Reino Unido reconoce su responsabilidad, se crea una presión moral y jurídica que puede acelerar procesos de justicia transicional en Latinoamérica», afirmó Ríos en una conferencia en Bogotá.

Reparaciones y desafíos

El paquete de compensación incluye una indemnización única de 20.000 libras para cada madre que demuestre haber sido forzada a dar en adopción a su hijo, y un apoyo psicológico de por vida para los descendientes que lo soliciten. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el proceso de identificación será lento y que muchos casos podrían quedar sin resolver debido a la falta de registros completos.

El Ministerio de Justicia ha anunciado la creación de una unidad de enlace con autoridades de América Latina para intercambiar información y facilitar la investigación de casos similares. Se espera que, a finales de 2026, se haya completado el 30% de los expedientes abiertos, con la meta de cerrar el 80% antes de 2030.

¿Crees que la apertura de estos archivos y la oferta de reparaciones pueden inspirar a otros países a reconocer y reparar violaciones históricas de derechos humanos?